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«Me sacarán de mi casa con los pies por delante»



«Me sacarán de mi casa con los pies por delante». El bilbaíno Carlos López lleva quince de sus 70 años «luchando» para evitar que derriben la vivienda que un mal día compró en la urbanización El Encinar de Arnuero, cuyos 144 apartamentos fueron condenados a la piqueta en 1994. Y no piensa «rendirse». Carlos vio nacer la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) cuando aún había gente que «nos culpaba a nosotros» de la enquistada situación en que viven. El «alma» de esta agrupación adquirió su casa como segunda vivienda, pero «un error urbanístico» que «pudo ser subsanado en su día» le impide disfrutar de su propiedad.
Carlos es uno de los centenares de afectados por las 23 sentencias de derribo emitidas hasta el momento en Cantabria que participará mañana en la IV marcha a pie hasta Santander. La protesta, que se prolongará hasta el sábado, exigirá al Ejecutivo regional y los ayuntamientos implicados «una solución final» a «la tortura de 1.000 familias inocentes». El grupo partirá a las 9.00 horas del Consistorio de Argoños y recorrerá 42 kilómetros hasta la sede del Gobierno cántabro, en Santander.
El presidente de AMA, Antonio Vilela, reclamó al Ejecutivo que «deje de ignorar a las víctimas». Y es que el colectivo está «decepcionado» con el informe que el departamento de Urbanismo cántabro remitió hace unas semanas al Tribunal Superior de Justicia (TSJC).
«Los jueces le habían pedido soluciones alternativas al derribo y sólo les han enviado una relación con las sentencias. ¿Para qué?», se dolía Vilela. Ahora es el Parlamento cántabro el que espera un escrito del Gobierno con medidas concretas que eviten las demoliciones. «A ver si demuestran más sensibilidad esta vez», apuntó el portavoz. El colectivo pugna por la «legalización» de las casas «como hacen en otros lugares de España».